• La barrera del crédito sigue siendo uno de los obstáculos más grandes para los sectores más vulnerables, que, a pesar de sus esfuerzos, ven como sus sueños de tener un hogar propio se desvanecen debido a los rigurosos requisitos financieros.

República Dominicana – 11:54 pm – nov. 26, 2024 – 2 min de lectura

Por León Fernández.-

Santo Domingo.- En la República Dominicana, el acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental establecido en la Constitución de la República y respaldado por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Sin embargo, miles de ciudadanos se enfrentan a la dura realidad de que este derecho no siempre es respetado, y muchas veces la promesa de tener una vivienda digna se ve empañada por la corrupción y el favoritismo.

Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, una vivienda digna es aquella en la que las personas pueden vivir con seguridad, paz y dignidad, con acceso a servicios básicos esenciales. El artículo 59 de la Constitución Dominicana establece que «toda persona tiene derecho a una vivienda digna», pero la realidad para muchas familias ha sido muy diferente.

El filtro de las listas de espera
En lo que se presenta como una contradicción, el gobierno de turno ha anunciado en varias ocasiones proyectos de viviendas asequibles y dignas. Sin embargo, la práctica diaria muestra una situación desconcertante. Muchos dominicanos que se han registrado en las listas de espera para obtener una de estas viviendas se ven descartados sin una explicación clara, especialmente aquellos que no pertenecen a las filas del partido en el poder.

A pesar de que el gobierno asegura que el proceso es transparente y basado en necesidades sociales, los testimonios de las personas que han sido rechazadas apuntan a un sistema de favoritismo político. Para muchos, las viviendas que deberían estar destinadas a los más necesitados parecen estar reservadas para aquellos con contactos políticos o «amigos» dentro del sistema.

¿Vivienda digna o mafia indigna?
Este escenario ha generado desconfianza y frustración en la población, que se siente abandonada por el sistema. Los ciudadanos se preguntan por qué, a pesar de que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a una vivienda digna, en la práctica parece haber barreras invisibles que excluyen a los más vulnerables.

A medida que se siguen denunciando estos casos, la situación resalta una crisis de justicia social en torno al acceso a una vivienda adecuada, haciendo evidente que el derecho establecido en la Constitución y en la ley no se refleja en las acciones del gobierno. En un país donde la desigualdad sigue siendo un reto, la vivienda digna parece ser un privilegio para unos pocos.

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