• Ante recientes aumentos al techo de deuda del Estado y advertencias sobre desaceleración económica, organizaciones civiles y representantes del sector privado insisten en diseñar un pacto fiscal que garantice derechos sociales sin cargar la presión sobre los sectores vulnerables.

República Dominicana – 8:30 p.m. – 10 de dic., 2025 – 4 min de lectura

Por León Fernández.-

Santo Domingo.— El pasado 2 de este mes, diversos colectivos sociales, sindicatos, académicos y representantes empresariales renovaron el llamado para la aprobación de un pacto fiscal inclusivo, en el contexto de las recientes decisiones del Estado sobre deuda pública y gasto público, que han reavivado el debate sobre sostenibilidad fiscal y equidad social en la República Dominicana.

Según los impulsores de la iniciativa, el pacto debe asegurar prioridades como salud, educación, vivienda, seguridad social y empleo digno, sin sacrificar los derechos de los sectores populares.

Endeudamiento y gasto público

• El pasado 15 de septiembre, el Senado de la República Dominicana aprobó con carácter de urgencia una enmienda a la Ley 90-24, elevando el techo para la emisión de deuda del Estado de RD$350 mil millones a RD$361.618 millones.
• El Gobierno presentó asimismo una modificación al presupuesto 2025 mediante la Ley 80-24, incrementando en RD$69,740.2 millones las asignaciones para gasto corriente y de capital, con aumentos importantes a sectores como salud, obras públicas e infraestructura.
• Sin embargo, analistas advierten que la carga de la deuda y el servicio del pasivo público limitan la capacidad del Estado para mantener políticas sociales sostenibles en el mediano plazo.

Demandas de un pacto fiscal con justicia social

Entre las principales demandas formuladas por los sectores sociales y económicos figuran:

• Revisión del sistema tributario, para hacerlo más progresivo: gravar con mayor carga las rentas de capital y patrimonio, reducir el peso de impuestos al consumo que recaen sobre quienes menos ingresos tienen.
• Transparencia y eficiencia en el gasto público: antes de cualquier nuevo impuesto, se exige una evaluación rigurosa del gasto corriente, reducción de exenciones injustificadas y optimización de inversiones públicas.
• Protección de los derechos sociales básicos: garantizar que los recursos recaudados se canalicen hacia salud, educación, vivienda, seguridad social e infraestructura esencial para las comunidades vulnerables.
• Participación ciudadana y consenso amplio: convocar a sindicatos, trabajadores, organizaciones comunitarias, cámaras empresariales y academia para construir una reforma socialmente legítima.

Las organizaciones promotoras consideran que un pacto de estas características —y no una simple reforma tributaria impuesta— podría aportar mayor legitimidad al proceso y evitar la sobrecarga fiscal sobre consumos y ciudadanos de ingresos bajos y medios.

Posturas desde el Gobierno y el sector privado

Por su parte, el Ministerio de Hacienda de República Dominicana, representado por su titular Magín Díaz, descartó este lunes que exista una reforma fiscal urgente. Díaz afirmó que las recaudaciones se mantienen dentro de lo proyectado, y que cualquier cambio tributario solo se considerará tras un amplio consenso.

En el sector empresarial, la Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) —por medio de su vicepresidente César Dargán— ratificó la necesidad de revisar exenciones y mejorar la eficiencia del gasto público antes de considerar aumentos impositivos. Sin embargo, expresó su disposición a participar en un pacto fiscal si este garantiza estabilidad macroeconómica y crecimiento productivo.

Opiniones de expertos

Economistas independientes advierten que el actual sistema tributario dominicano es regresivo, puesto que depende en gran medida de impuestos al consumo que afectan desproporcionadamente a los hogares de menores ingresos. Por ello, insisten en una reforma que combine tributación progresiva, transparencia del gasto y control del endeudamiento público.

Además, advierten que el servicio de la deuda consume una parte creciente del presupuesto, lo que reduce el espacio fiscal para destinaciones sociales esenciales.

¿Por qué urge un pacto fiscal?

La combinación de un alza en el endeudamiento público, revisión del presupuesto nacional y un entorno económico global incierto —junto con presiones crecientes sobre los sectores vulnerables— coloca a la República Dominicana en un punto crítico. Los colectivos sociales y económicos coinciden en que solo un pacto fiscal amplio, equitativo y consensuado podría garantizar:

• la sostenibilidad financiera del Estado,
• la justicia social y redistribución equitativa de la carga tributaria,
• y el cumplimiento efectivo de derechos sociales esenciales.

De lo contrario, recalcan, existe el riesgo de profundizar desigualdades e incrementar la carga sobre clases medias y bajas, en un contexto donde la inversión pública y la recaudación tributaria enfrentan dificultades estructurales.

«El debate fiscal no es solo una discusión de números; es una radiografía de cómo entendemos la justicia social en este país”.

Leon fernandez M.A., PROFESOR DOMINICANO

• La actividad, celebrada este sábado desde la Bomba de Los Mina, llamó la atención sobre el alto costo de la vida y la falta de servicios básicos en Santo Domingo Este.

República Dominicana – 11:59 p.m. – 14 de sep., 2025

Por León Fernández.-

Santo Domingo Este. — Decenas de hombres y mujeres caminaron desde la Bomba de Los Mina el pasado sábado 13 de septiembre en una protesta organizada por el Frente Amplio, que exigió la rebaja inmediata de precios de alimentos y medicamentos y medidas frente a las constantes fallas en los servicios públicos.

La movilización arrancó a las 3:00 p.m. y recorrió calles principales del sector, con consignas contra los apagones, el alza de las tarifas eléctricas y la deficiente distribución de agua potable. Los manifestantes también reclamaron la reparación de la planta de tratamiento (de líquidos cloacales) de Los 3 Brazos y la construcción del Liceo Guillermina Uribe en ese mismo sector.

Heidy Adón, vicepresidenta del Frente Amplio, dijo durante la actividad que el objetivo es “hacer un llamado al gobierno para que actúe en auxilio de los más necesitados” y que la población no puede seguir sufriendo “por la especulación con los productos básicos y la negligencia en los servicios”.

Vecinos consultados señalaron que el bolsillo está “estresado” y que muchas familias han recortado gastos esenciales. La marcha transcurrió sin incidentes mayores; la presencia policial acompañó el recorrido para garantizar la libre manifestación.

La organización anunció que mantendrá la presión con jornadas informativas y caravanas en otros sectores de Santo Domingo Este hasta obtener respuestas concretas de las autoridades.

¨Es mejor marchar y que te tomen de pendejo que quedarte en casa como un pendejo».

LEON FERNANDEz, PROFESOR DOMINICANO