Por León Fernández.-

Santo Domingo.- La desaparición de personas en la República Dominicana ha dejado de ser un hecho excepcional para convertirse en un fenómeno social que genera miedo, desconfianza y una profunda sensación de desprotección. Menores, mujeres, adultos mayores y ciudadanos extranjeros han pasado a engrosar una lista creciente que no siempre recibe respuestas claras ni oportunas por parte de las autoridades.

Este último año que casi culmina, el país ha sido escenario de múltiples denuncias de desapariciones que permanecen sin resolución. Algunas logran visibilidad mediática; otras se diluyen en el silencio. La desaparición de una turista de origen indio, por ejemplo, evidenció que el problema no distingue nacionalidad ni condición social y que la respuesta institucional sigue mostrando debilidades estructurales.

El patrón se repite: denuncias tardías, información fragmentada, escasa coordinación entre instituciones y una dependencia excesiva de la presión social y mediática para activar búsquedas efectivas. Mientras tanto, las familias quedan atrapadas entre la incertidumbre y la burocracia.

Este escenario ha colocado en el debate público la necesidad de un sistema nacional de alertas y protocolos claros, capaces de actuar con rapidez y sin improvisaciones. La desaparición no es solo una tragedia individual; es un síntoma de fallas en la seguridad ciudadana, la protección social y la gestión del riesgo humano.

Cuando una sociedad se acostumbra a que la gente desaparezca sin respuestas, el problema deja de ser solo de quienes se van: pasa a ser de todos. La República Dominicana enfrenta el reto de reconocer la magnitud del fenómeno y responder con políticas firmes, coherentes y sostenidas en el tiempo.

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